Lo que no pasa por el Culo

Colombia, mi querida Colombia, se caracteriza por ser un estado social de derecho, un estado laico, fundado en el respeto por las libertades individuales que no van por encima del bien común. Es aceptada la diferencia de pensamiento y de credo, se reconocen los derechos y se respetan los deberes, la dignidad humana va por encima de cualquier forma de discriminación. Aún así, muchas de estas cosas “no pasan por el culo”, como si el culo fuera impermeable a todo esto.

Empecemos por aclarar que la laicidad es “una cualidad de la sociedad, el estado o las instituciones que actúan de manera independiente de la influencia de la religión y de la Iglesia” según la Real Academia de la Lengua Española. Siguiendo este orden de ideas, siendo nuestro país un estado laico y basado en los principios de separación iglesia-estado, toda esta cátedra de libertades y reconocimiento de derechos debería pasar por el culo. ¿Por qué no lo hace? ¿Es acaso el culo un instrumento tan poderoso que puede contra todo el aparato gubernamental que quiere reconocerlo y dejarlo que haga de el mismo una pajarera si quiere? No, no es tan poderoso.

Lo que sí es poderoso, más poderoso que todos los culos gay unidos de Colombia, es la Iglesia, especialmente la católica, de la cual el estado se separó “de mentiritas”. ¿Cómo sabemos esto? Sentido común queridos y queridas, la realidad nacional dice mucho por sí sola, no hay que leer más allá. La religión ha entablado una férrea guerra contra los derechos sexuales y derechos reproductivos de todos y todas, no sólo en tiempos pasados, aún hoy. Por todos es conocido que la Iglesia católica se ha pronunciado en contra de las mujeres y personas de sectores LGBTI en reiteradas ocasiones, y aún en contra de las libertades sexuales responsables de personas heterosexuales. El Papa dijo en una ocasión que no se deberían utilizar los condones, pues no sirven para nada. Muchos grandes y destacados jerarcas nos han llamado abominaciones, se oponen a que tengamos los mismos derechos de las personas heterosexuales. Casualmente, solo casualmente, el estado ha manejado muchos de estos mismos argumentos y se ha opuesto casi con la misma determinación a reconocernos como ciudadanos de primera categoría.

Son muchos los funcionarios públicos quienes imparten instrucciones y emiten comunicados, decretos, leyes o cualquier otra forma en la que utilicen su poder, con biblia en mano. El Procurador General de la Nación es su mayor abanderado, quien es un incansable en el momento de enviar horda tras horda de argumentos bíblicos fundamentalistas para evitar a toda costa que se lleve a cabo algún acto en contra de la voluntad de Dios.

Pero bueno, cada quien puede creer en lo que quiera, por eso estamos en un país que respeta la libertad de credo religioso. Si, puede creer en Dios, leer la biblia todos los días, recitarla si quiere, pero es que Monseñor Procurador es un funcionario público y por mucha que sea la devoción que le profesa a su fe, sus creencias no pueden afectar ni influir sobre su actuar profesional. Esto nos lleva a la raíz del problema: la incapacidad del estado para “poner en su lugar” a sus propios funcionarios y exigirles que respeten los principios de laicidad y separación iglesia-estado que rigen a Colombia. En muchas ocasiones, esto se da por complicidad, porque muchos de ellos mantienen su “incorruptible moral” y sus bolsillos llenos.

¿Qué nos queda? Ser nosotros quienes exijamos a los funcionarios públicos que nos sean respetados y se nos garantice el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es mi cuerpo, es mi culo, son mis tetas, yo tengo libertad para vivir mi cuerpo responsablemente, porque es mío, no del estado o de Dios. Bien lo expresa PROFAMILIA en su portal web: ¿Si a los hombres y mujeres como ciudadanos y ciudadanas les es permitido decidir el destino de sus países, cómo se les puede privar de tomar decisiones acerca del destino de sus cuerpos?

Eso es exigible, porque no importa cuál sea la preferencia de cada quien, pero el enfoque de derechos es transversal a las políticas del estado y al cuerpo, incluso al culo.

Diego Diversia

Floridablanca – Santander

Febrero 9 de 2011

Una opinión sobre las lluvias

Los desastres provocados por el invierno son incuantificables. Los medios de comunicación han mostrado con imágenes y cifras la magnitud de los estragos. Enfermedades que se propagan al ritmo de las lluvias; desbordamientos de ríos y familias con el agua hasta el cuello que lo han perdido casi todo; barrios arrasados por los deslizamientos de lodo y otros a la espera de lo peor, pues la amenaza aún se encuentra latente; calles y carreteras deshabilitadas por los derrumbes, que han incomunicado municipios y departamentos enteros; zonas de cultivo echadas a perder y animales que han perecido. La pérdida de vidas humanas es enorme y la cantidad de damnificados es dramática. Según datos del Ministerio del Interior y de Justicia, el número fallecidos es de 167 y de afectadas es de aproximadamente un millón y medio, diecinueve desaparecidos y un total de 1.821 viviendas destruidas. De los 32 departamentos en que está divido el país, 28 se han visto perjudicados, sumando 627 municipios. La tragedia se agiganta a diario, como lo muestra lo sucedido en Bello, Antioquia, en donde un alud de tierra sepultó a cerca de 150 personas y a más de 55 casas humildes. Hoy ya se habla de dos millones de damnificados. Indudablemente, el problema continúa, con todo el drama que comporta: muertos y desaparecidos, viviendas destruidas, precariedad y hacinamiento en los improvisados albergues y actividades económicas comprometidas.

Sin embargo, de lo que no han hablado los medios, es de la responsabilidad histórica del Estado colombiano. Porque así se quiera presentar la catástrofe como causa del calentamiento global o de la inclemencia del fenómeno de la Niña, no cabe duda de que las consecuencias que hasta el momento deja la ola invernal son el producto de la indolencia criminal del régimen.

La gran mayoría de victimas y damnificados son de los sectores populares más olvidados. Las inundaciones por el rebosamiento de las alcantarillas, los ríos desbordados, el rompimiento de los diques y los aludes de tierra han hecho estragos en familias que se han visto obligadas a ubicarse en zonas de riesgo, sin acceso a servicios públicos, no por una decisión irresponsable, como se ha querido mostrar, sino porque no han tenido otra oportunidad, ya que el Estado no asumió su tarea de ofrecer vivienda digna a las clases populares. Las que el sector privado construye para los estratos bajos son minúsculas y a precios inalcanzables; no faltan los casos de urbanizaciones en áreas de peligro y con materiales defectuosos.

El abandono de los gobiernos se refleja en las condiciones en que están las vías de comunicación de departamentos enteros que, como el Chocó, se encuentran incomunicados y al borde de agudizar aún más su penosa situación. Los mismos padecimientos soportan los habitantes de los barrios más pobres de la capital colombiana –y de gran parte del país–. Podrían enumerarse uno a uno los desastres que han azotado a comunidades enteras a lo largo y ancho de Colombia, mas la lista sería interminable y copiosa en infortunios.

Estas calamidades tienen como principal elemento el olvido estatal y la falta de planeación para enfrentar apropiadamente sucesos de esta naturaleza. El hecho de que el país en general presenta dos largos periodos climáticos durante el año (uno seco y otro de lluvias) es conocido de vieja data. No obstante, todos los años, hacia la misma época, surge el mismo problema: inundaciones que afectan municipios, deslizamientos que aplastan viviendas y carreteras que quedan inservibles. ¿Cuántos años llevan las poblaciones aledañas a los ríos Magdalena y Cauca –por mencionar un par de ellos- soportando los desbordamientos y pidiendo al gobierno de turno mayor atención? ¿Cuántas veces, en época de lluvias, se ha escuchado a los habitantes de los barrios construidos en zonas de alto riesgo clamar por ayuda al Estado?

La ruina que provoca el invierno no es de ayer, y si hoy se evidencia como una catástrofe nacional es porque a las clases dirigentes no les ha interesado dar soluciones estructurales al problema, siempre han actuado de manera coyuntural e improvisada; eso son las campañas de donación y las teletones que tanto gustan al gobierno y a los medios de comunicación, que no responden efectivamente al problema, pero si desvían la atención sobre la responsabilidad estatal.

Como ya se menciono, la ausencia de planificación se demuestra a cada momento que aumenta la tragedia, y la sola presencia de los dirigentes no basta para esto cese, en definitiva no tiene sentido que estos estén dándose golpes de pecho por el invierno, mientras en sus propuestas y mas grandes intereses esta seguir promoviendo actividades como la minería que solo ahondan mas en estas crisis y que incluso aquellos que en principio no se veían afectados por las mismas, ahora si lo sean. Es que hay que pensar que no es gratis que anualmente la cifra de damnificados del invierno aumente, contrario de lo que nos diría la razón, tiene que ver con la falta de previsión y de disposición política que realmente permita a los altos dirigentes pensar desde la necesidad del pueblo, y no con mero asistencialismo sino con soluciones de fondo, que también pasa por regulaciones más estrictas en materia de construcción tanto para los unos como para los otros, es decir, no permitir construcciones de viviendas improvisadas en zonas de riesgo, pero proveyendo a estas personas con vivienda digna, en convenio con operadores de construcciones que funcionen bajo reglas de transparencia e inversión social con énfasis en soluciones sociales estructurales, recordando el atraso en infraestructuras que tiene Colombia que data de más de 50 años y del que basta ya de acusar al conflicto armado y no a los intereses políticos de mantener el estado de emergencia.

Llamado de atención a todos y todas para exigir mayor inversión social, no mas paliativos a las necesidades del pueblo, que el erario se invierta en lo que se debe invertir, desarrollo regional y nacional desde la base.

Nicolay

Bogotá - Colombia, Diciembre 07 de 2010