Los desastres provocados por el invierno son incuantificables. Los medios de comunicación han mostrado con imágenes y cifras la magnitud de los estragos. Enfermedades que se propagan al ritmo de las lluvias; desbordamientos de ríos y familias con el agua hasta el cuello que lo han perdido casi todo; barrios arrasados por los deslizamientos de lodo y otros a la espera de lo peor, pues la amenaza aún se encuentra latente; calles y carreteras deshabilitadas por los derrumbes, que han incomunicado municipios y departamentos enteros; zonas de cultivo echadas a perder y animales que han perecido. La pérdida de vidas humanas es enorme y la cantidad de damnificados es dramática. Según datos del Ministerio del Interior y de Justicia, el número fallecidos es de 167 y de afectadas es de aproximadamente un millón y medio, diecinueve desaparecidos y un total de 1.821 viviendas destruidas. De los 32 departamentos en que está divido el país, 28 se han visto perjudicados, sumando 627 municipios. La tragedia se agiganta a diario, como lo muestra lo sucedido en Bello, Antioquia, en donde un alud de tierra sepultó a cerca de 150 personas y a más de 55 casas humildes. Hoy ya se habla de dos millones de damnificados. Indudablemente, el problema continúa, con todo el drama que comporta: muertos y desaparecidos, viviendas destruidas, precariedad y hacinamiento en los improvisados albergues y actividades económicas comprometidas.
Sin embargo, de lo que no han hablado los medios, es de la responsabilidad histórica del Estado colombiano. Porque así se quiera presentar la catástrofe como causa del calentamiento global o de la inclemencia del fenómeno de la Niña, no cabe duda de que las consecuencias que hasta el momento deja la ola invernal son el producto de la indolencia criminal del régimen.
La gran mayoría de victimas y damnificados son de los sectores populares más olvidados. Las inundaciones por el rebosamiento de las alcantarillas, los ríos desbordados, el rompimiento de los diques y los aludes de tierra han hecho estragos en familias que se han visto obligadas a ubicarse en zonas de riesgo, sin acceso a servicios públicos, no por una decisión irresponsable, como se ha querido mostrar, sino porque no han tenido otra oportunidad, ya que el Estado no asumió su tarea de ofrecer vivienda digna a las clases populares. Las que el sector privado construye para los estratos bajos son minúsculas y a precios inalcanzables; no faltan los casos de urbanizaciones en áreas de peligro y con materiales defectuosos.
El abandono de los gobiernos se refleja en las condiciones en que están las vías de comunicación de departamentos enteros que, como el Chocó, se encuentran incomunicados y al borde de agudizar aún más su penosa situación. Los mismos padecimientos soportan los habitantes de los barrios más pobres de la capital colombiana –y de gran parte del país–. Podrían enumerarse uno a uno los desastres que han azotado a comunidades enteras a lo largo y ancho de Colombia, mas la lista sería interminable y copiosa en infortunios.
Estas calamidades tienen como principal elemento el olvido estatal y la falta de planeación para enfrentar apropiadamente sucesos de esta naturaleza. El hecho de que el país en general presenta dos largos periodos climáticos durante el año (uno seco y otro de lluvias) es conocido de vieja data. No obstante, todos los años, hacia la misma época, surge el mismo problema: inundaciones que afectan municipios, deslizamientos que aplastan viviendas y carreteras que quedan inservibles. ¿Cuántos años llevan las poblaciones aledañas a los ríos Magdalena y Cauca –por mencionar un par de ellos- soportando los desbordamientos y pidiendo al gobierno de turno mayor atención? ¿Cuántas veces, en época de lluvias, se ha escuchado a los habitantes de los barrios construidos en zonas de alto riesgo clamar por ayuda al Estado?
La ruina que provoca el invierno no es de ayer, y si hoy se evidencia como una catástrofe nacional es porque a las clases dirigentes no les ha interesado dar soluciones estructurales al problema, siempre han actuado de manera coyuntural e improvisada; eso son las campañas de donación y las teletones que tanto gustan al gobierno y a los medios de comunicación, que no responden efectivamente al problema, pero si desvían la atención sobre la responsabilidad estatal.
Como ya se menciono, la ausencia de planificación se demuestra a cada momento que aumenta la tragedia, y la sola presencia de los dirigentes no basta para esto cese, en definitiva no tiene sentido que estos estén dándose golpes de pecho por el invierno, mientras en sus propuestas y mas grandes intereses esta seguir promoviendo actividades como la minería que solo ahondan mas en estas crisis y que incluso aquellos que en principio no se veían afectados por las mismas, ahora si lo sean. Es que hay que pensar que no es gratis que anualmente la cifra de damnificados del invierno aumente, contrario de lo que nos diría la razón, tiene que ver con la falta de previsión y de disposición política que realmente permita a los altos dirigentes pensar desde la necesidad del pueblo, y no con mero asistencialismo sino con soluciones de fondo, que también pasa por regulaciones más estrictas en materia de construcción tanto para los unos como para los otros, es decir, no permitir construcciones de viviendas improvisadas en zonas de riesgo, pero proveyendo a estas personas con vivienda digna, en convenio con operadores de construcciones que funcionen bajo reglas de transparencia e inversión social con énfasis en soluciones sociales estructurales, recordando el atraso en infraestructuras que tiene Colombia que data de más de 50 años y del que basta ya de acusar al conflicto armado y no a los intereses políticos de mantener el estado de emergencia.
Llamado de atención a todos y todas para exigir mayor inversión social, no mas paliativos a las necesidades del pueblo, que el erario se invierta en lo que se debe invertir, desarrollo regional y nacional desde la base.
Nicolay
Bogotá - Colombia, Diciembre 07 de 2010
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